Domicilios ubicados en las colonia Anzures y Polanco operaban como oficinas «alternas» de colaboradores del ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.
Redacción AN / GS/agosto 6, 2019 7:26 am. Este martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidos por funcionarios de la Sedatu y la Sedesol en las “fábricas de documentos falsos” empleados en la llamada Estafa Maestra.
Al menos tres ex servidores públicos han declarado a la Fiscalía que estos domicilios, ubicados en las colonia Anzures y Polanco, operaban como oficinas “alternas” de colaboradores del ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.
La información proporcionada a la FGR apunta a que los ex colaboradores de Zebadúa falsearon las rúbricas de 11 ex funcionarios para, supuestamente, justificar el desvío de aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos de la Sedatu y de la desaparecida Sedesol.
Por razones de interés periodístico, Aristegui Noticias republica el reportaje que difundió originalmente en junio de 2018:
Por Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán
El esquema de desvío de recursos públicos mediante la subcontratación con oficinas de gobierno y empresas fantasma cerró la pinza del engaño con la fabricación de expedientes y comprobantes conocidos como “entregables”.
Los “entregables” son un requisito que deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno para recibir el pago correspondiente, pero en el caso de las compañías y asociaciones consideradas fachada o fantasma los expedientes se armaron o fabricaron para simular obras y servicios inexistentes.
Los documentos falsificados son la última pieza del esquema de corrupción que en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) equivale a irregularidades por más de 7 mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto.
El armado de expedientes fue documentado por este medio durante la gestión de Rosario Robles Berlanga en dos secretarías de Estado: Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Aristegui Noticias obtuvo los correos electrónicos en los que Claudia Morones Sánchez, funcionaria de Sedesol y Sedatu, coordinó la entrega de los expedientes para comprobar la entrega de recursos públicos.
Una persona que conoce toda la trama ubicó las oficinas donde se fabricaron los expedientes. Se decidió a dar una entrevista para explicar el esquema y apuntar a los responsables.
Además, un funcionario universitario narró cómo fue citado a una de estas oficinas, la cual funciona como un búnker, donde le entregaron un expediente completo para salvar una auditoría forense.
Ambas fuentes pidieron reservar su identidad, pues aunque se encuentran en diferentes estados del país y tienen diferentes grados de responsabilidad, manifestaron que tienen miedo a una reacción violenta de los funcionarios federales involucrados.
La investigación permite concluir que servidores públicos, al mando de Rosario Robles, coordinaron a empresas fantasma desde la contratación, pagos, armado de expedientes y el engaño de los auditores que buscaban pistas sobre las irregularidades detectadas por la ASF.
Estas revelaciones derriban la versión oficial: que las dependencias federales nunca tuvieron contacto con las firmas subcontratadas y que no hubo una operación centralizada para desviar dinero de los contribuyentes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha investigado este esquema de corrupción, pero el nuevo titular de la institución despidió a la encargada de Auditoría Forense, Dora Muna Buchain.
Al presentar la cuenta pública 2017, el Auditor Superior, David Colmenares Páramo, afirmó que se ya no se permitirán “resultados mediáticos estacionales, que al final se diluyen”. También dijo que se eliminarán “incentivos perversos en nuestras auditorias”.
Esta es la historia.
ROSARIO MANDA, ELLOS EJECUTAN
Emilio Zebadúa, oficial mayor en Sedatu y Sedesol con Robles; su actual coordinadora de Comunicación Social en Sedatu, Rocío Gómez Bolaños, y su Jefe de Oficina en esa misma dependencia, Ramón Sosamontes Herreramoro son la cabeza de las operaciones.
Los dos últimos han trabajado con Robles desde que fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas quien buscó la Presidencia de la República en el año 2000.
Bajo la dirección de estos funcionarios opera Claudia Gabriela Morones Sánchez, quien trabajó en Sedesol y Sedatu, según sus declaraciones patrimoniales.
En marzo de 2016 Morones dejó la nómina federal, pero siguió en contacto con las dependencias federales mediante contratos de prestación de servicios por los conceptos de “asesoría en el pago a proveedores”, “coordinación de recursos financieros y materiales para el aprovechamiento de los recursos disponibles”, según el Portal de Obligaciones de Transparencia.
Morones es una contadora pública que trabajó en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre agosto del 2008 y marzo del 2012. Se integró al equipo de Emilio Zebadúa en la Oficialía Mayor de Sedesol a partir de 2013, indican sus declaraciones patrimoniales.
Morones también es comisaria de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, de la que son accionistas Lizette Prado Ordoñez y Lizette Chávez Zaragoza.
Lizette Prado es hermana de Enrique Prado Ordoñez, el actual director de Adquisiciones y Contratos de Sedatu, cargo que repitió luego de ocupar el mismo puesto en Sedesol entre 2013 y agosto del 2015.
En la trama participa como intermediario el despacho Almeva SA de CV, propiedad de Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, el cual sirve de enlace entre las dependencias públicas y las empresas o asociaciones civiles que cobran por trabajos y servicios inexistentes, numerosos comunicaciones electrónicas así lo demuestran.
LA OPERACIÓN ELECTRÓNICA
Correos electrónicos en poder de Aristegui Noticias comprueban que Claudia Morones operó la entrega de documentación falsa entre Sedatu, la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) y la de Chiapas (UPChiapas) para justificar compras públicas por 97.1 millones de pesos.
Las auditorías forenses de la ASF señalan que en 2016 Sedatu contrató a la UPQROOpara realizar un servicio que en realidad no tenía capacidad de hacer.
La universidad contrató a ocho proveedores para realizar el trabajo (AM Sistemas Informáticos; Comercializadora DW Prisma; Competencia y Habilidades para el Trabajo; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Infotecnick; Custom Performance; Integración Documental; y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática).
Los auditores encontraron varias irregularidades entre esas empresas: tres no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, cuatro no pagaron impuestos ante Hacienda; la representante legal de una firma era funcionaria de la universidad, mientras que el rector de la UPQROO abrió la cuenta de la empresa que recibió y administró el dinero.
Las empresas Custom Performance e Integración Documental abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de AM Sistemas Informáticos, “hecho que evidencia la existencia de un vínculo entre las tres empresas proveedoras, para intervenir en las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la presunta simulación en la prestación de servicios y que, en conjunto, recibieron un total de recursos de 38.9 millones de pesos”, dice el reporte de la ASF.
A su vez, cada empresa subcontrató a otras firmas para realizar los trabajos: en un caso, una empresa subcontratada tenía como representante legal al ex rector de la UPQROO, quien usó 6.8 millones para comprar cuatro camionetas Mazda.
La nueva evidencia recibida por Aristegui Noticias indica que el 8 de noviembre de 2016, a las 12:37 pm, Claudia Morones envió un correo electrónico a David Guerrero Sesmapara indicarle el pago a tres empresas: Comercializadora DW Prisma, AM Sistemas Informáticos y Competencia y Habilidades para el Trabajo.
A las 13:44 horas, David Guerrero Sesma envió las facturas a un funcionario de la UPQROO con el siguiente mensaje: “Amigo te mando las empresas a las que hay que dispersar el día de hoy, cualquier duda estoy atento”.
Las comunicaciones entre Sedatu y UPQROO para triangular pagos no tienen justificación, porque oficialmente la universidad se encargó de subcontratar y pagar el dinero de manera independiente, sin intervención de funcionarios federales.
Otra cadena de correos electrónicos corresponde al 14 de noviembre de 2016, cuando funcionarios del despacho Almeva enviaron el siguiente mensaje a funcionarios de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
“… como lo conversamos, te anexo la factura FA-54 de MARS, Integradores de Telecomunicaciones e Informática para la UPQRoo sobre el proyecto de capacitación con José Luis y Omar, así como la documentación legal de la empresa”.
El correo incluía actas constitutivas de la empresa y copia de sus cuentas bancarias, entre otros documentos.
Un quinto correo fechado el 15 junio de 2017 a las 11:57 horas, arroja una pista más sobre la trama: el nombre de Enrique Prado aparece asociado al de Jesús Guerrero Sesma, empleado de Almeva, en la revisión de contratos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de 2015 y 2016.
La comunicación enviada electrónica por Erick Javier Sánchez Herrera(ericksahe@gmail.com) tiene como destinatarios a Claudia Morones y a David de Jesús Guerrero (Enrique prado) Sesma (jesus.guerrero@outlook.com).
Otros empleados de Almeva que aparecen “copiados” en estos correos electrónicos son Rafael Mariscal Carvajal, Francisco Velázquez Flores y el propio Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, dueño de la empresa que participó en esta trama.
Los correos electrónicos demuestran las actividades concertadas entre funcionarios federales, universitarios y empleados privados para armar expedientes y así engañar a los auditores.
OPERACIÓN CARA A CARA CON SEDESOL Y SEDATU
Las operaciones ilegales no sólo se registraron mediante correo electrónico.
En 2015, funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) fueron citados en oficinas de Sedesol para firmar contratos y sus anexos, según un informe de la ASF. Los involucrados confirmaron que Sedesol fabricó todo el expediente para justificar compras que nunca se realizaron.
La auditoría afirma que los funcionarios se reunieron con la directora General de Recursos Materiales de Sedesol. Según las declaraciones patrimoniales que difunde la Secretaría de la Función Pública, en esa fecha el cargo era ocupado por Claudia Gabriela Morones.
Esto dijo la ASF:
Dos personas consultadas por Aristegui Noticias indican que desde entonces la entrega y armado de expedientes se realiza en tres domicilios de la Ciudad de México, los cuales funcionan como búnkeres y que incluso cuentan con elementos de seguridad privada.
A estos puntos fueron citados rectores de universidades, abogados generales, contadores y directores de organismos públicos contratadas por Sedesol y Sedatu que en realidad no realizaron los trabajos pagados, indican las personas entrevistadas por este medio.
Desde esos tres domicilios, se fabricaron actas constitutivas de empresas, facturas de los trabajos simulados, los propios contratos de servicios y hasta los entregables o comprobantes que han sido objeto de auditorías forenses, revelan los correos electrónicos. Dichos comprobantes se entregaban en papel, memorias USB y discos compactos con archivos electrónicos.
FUENTE REVELA EL BÚNKER CENTRAL
A principios de 2018, una persona que conoce toda la trama entró en contacto con este medio de comunicación. Durante varias entrevistas contó el mecanismo de simulaciónde contratos y entregó diversas pruebas documentales.
Tras una serie de verificaciones, la fuente accedió a grabar su testimonio, con la condición de proteger su identidad y cualquier rasgo físico que le hiciera identificable.
La fuente afirma que la operación para desaparecer dinero público funcionó sin ningún problema con Rosario Robles al frente de Sedesol (2012-2015) y Sedatu (2015 a la fecha).
Sin embargo, conforme aumentó la profundidad de las auditorías forenses y éstas resonaron en investigaciones periodísticas, los funcionarios públicos comenzaron una operación para simular la legalidad del gasto público.
Durante meses, los auditores buscaron información en las dependencias federales involucradas en los presuntos desvíos, en los organismos de gobierno utilizados como intermediarios y en las empresas contratadas para realizar los trabajos.
Los investigadores recibieron información oficial a cuentagotas: las universidades, dependencias federales y entidades estatales entregaron los mínimos que marca la ley.
